Un 21 de junio
de 1926 se redacta el siguiente documento en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
y se envía a nuestra población para pedir al presidente municipal vigilar las
acciones de los sacerdotes católicos así como informar las actividades que desarrollen en contra del
gobierno y el nombre completo de cada uno.
Las tensiones
del conflicto Iglesia-Estado se hacían sentir y la problemática surgía debido a
la llamada Ley Calles la cual decidía el número de iglesias y sacerdotes en el
país, negaba al clero el derecho al voto, prohibía a la prensa religiosa
referirse a asuntos públicos, prohibía a los ministros de culto establecer o
dirigir escuelas primarias y establecía que la educación primaria debía ser laica.